Amparado por el equilibrio comunitario, el Tratado de Maastricht, estableció que el gasto público de cada país no debería de superar el 3% del PIB ni su endeudamiento público el 60% del mismo. Al mismo tiempo estableció un sistema de contabilidad que no contemplaba como endeudamiento público el contraído por empresas públicas acogidas a gestión privada (aunque toda su financiación sea con el presupuesto público, como es el caso de las Fundaciones Sanitarias) o por servicios contratados por el sistema público con empresas privadas. Medidas que supusieron un apoyo inestimable para el sector sanitario privado.
En un contexto de reducción del gasto público, los diferentes grupos de presión sostienen que los servicios sanitarios, incluidos los hospitales, no pueden mantener el actual modelo de financiación y es necesario recurrir a las inversiones privadas para realizar nuevas inversiones o construir nuevos centros, y deberán recortar prestaciones financiadas con fondos públicos y hacer partícipes a los pacientes y usuarios de su pago de manera directa (copago) o mediante aseguradoras privadas. Es decir, los sistemas sanitarios deberán renunciar a proporcionar la actual cobertura de salud universal de todos los ciudadanos y su libre acceso a los servicios sanitarios.
El objetivo consiste en debilitar el sistema público y potenciar al sector privado, algunos ejemplos estarían en la nuevas formas de gestión de los centros públicos (trasformar los hospitales en fundaciones y otras fórmulas acogidas a la gestión privada), la externalización de servicios (concesiones, gestión interesada, conciertos y sociedades de economía mixta) y la financiación privada de la construcción y gestión de infraestructuras públicas (Iniciativas de Financiación Privada - PFI)
Numerosos estudios que han analizado los resultados de los PFI en el Reino Unido, incluido un informe de la OMS, han evidenciado que son mucho más caros. Los primeros 14 hospitales PFI incrementaron sus costes en un 72%. Este fenómeno también se ha observado en el hospital de Alzira en Valencia.
Se ha demostrado que:
- Condiciona y reduce la capacidad de inversión y los presupuestos sanitarios de los gobiernos durante muchos años.
- Limita la capacidad de los hospitales para adaptarse a los cambios tecnológicos y poblacionales.
- Reduce el nivel de información y la transparencia de la gestión de los centros.
- Empeora la calidad asistencial, para conseguir beneficios empresariales, las constructoras emplean materiales y equipamiento de baja calidad, reducen camas y personal, lo que redunda en una menor calidad de la atención que prestan.
La planificación de estos centros no está al servicio de las necesidades de los ciudadanos sino de los intereses de las empresas y de sus accionistas. Con esta fórmula las empresas constructoras se convertirán en las nuevas financieras de la Administración y en las dueñas de los nuevos centros.
Los resultados finales son que los gobiernos ganan sólo a corto plazo y la empresa privada y accionistas a largo plazo y pierden los ciudadanos.
