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POR EL CAMBIO DE UNA LEY ELECTORAL INJUSTA

 
Nuestro actual Sistema Electoral, cuyos parámetros principales se forjaron en la todavía franquista Ley para la Reforma Política de 4 de enero de 1977, fue diseñado con unos objetivos concretos y con el fin de cubrir las necesidades del momento histórico. Desarrollados por un Real Decreto-Ley para regular las primeras elecciones libres celebradas en España desde 1936, fue modificado por dispositivos correctores, incluyendo el reparto de escaños por medio de la regla d'Hondt y la introducción del umbral del tres o el cinco por ciento a nivel de la circunscripción provincial.

Y, aunque la Constitución habla de "representación proporcional", lo cierto es que las desproporciones en los resultados son de las mayores de la escena internacional. No sólo no se garantiza una proporción más o menos ajustada entre votos y escaños, es que ni siquiera se salvaguarda el mero orden en el que los votantes colocan a los partidos: una formación con menos votos que otra puede conseguir más escaños. Por eso muchos estudiosos del sistema no lo consideran proporcional sino mayoritario atenuado.
Una Ley Electoral cuyo cambio ha sido siempre reclamado, prometido y casi nunca cumplido por las diferentes formaciones políticas que accedían a la escena política española. Denunciada por injusta desde los primeros momentos, el PSOE pidió su cambio, pero no tardó en ver sus efectos beneficiosos con la mayoría absoluta conseguida en el año 1982, y aunque tuvo todas las oportunidades en esas y otras legislaturas en las que gobernó, no la modificó. Ni cuando en el año 1985 desarrolló la Ley Orgánica, ni tras el Debate de Investidura del presidente del Gobierno, José Luis Zapatero, donde se comprometió con Izquierda Unida y con Unión Progreso y Democracia, los partidos que más reclaman una reforma electoral, en apoyar la creación de una ponencia parlamentaria en el Congreso que estudiase las propuestas existentes.

Queda claro que, ni al PSOE ni al PP les interesa reformar la ley electoral, ya que les da la garantía de seguir manteniendo una elevada representación con un número de votos relativamente bajo, por lo que ni contemplan la reforma de la ley electoral actual en sus programas electorales ni la van a contemplar nunca. Y luego está Izquierda Unida, que sí llevaba en su programa la reforma de la ley electoral andaluza.

Si del PSOE o del PP uno ya no espera nada en este sentido, de Izquierda Unida, sinceramente, cada vez menos. En el programa electoral de IU, firmado ante notario, donde quedaba claramente reflejada la - supuesta - intención de reformar la ley electoral andaluza. Izquierda Unida no ganó las elecciones andaluzas en solitario, pero sí alcanzó un pacto de gobierno con el PSOE, gracias al cual ostentan, entre otros cargos, la Vicepresidencia de la Junta de Andalucía. No dudaron ni un momento en echarse en brazos del PSOE para conseguir el sillón, y una vez conseguido… las prioridades empezaron a ser un poco distintas a las de cambio de la ley electoral , a pesar de haber quedado sellado el compromiso en el pacto que permitirá gobernar al Bipartito, y una vez más, con el fin de ser utilizada como herramienta para arrinconar al PP.

En las pasadas elecciones al Parlamento de Andalucía, el PSOE necesitó 32.000 votos para conseguir un diputado. El Partido Popular obtuvo un diputado por cada 31.000 votos, e Izquierda Unida obtuvo un diputado por cada 36.000 votos.

En esas mismas elecciones 129.180 personas votaron a Unión Progreso y Democracia, pero UPyD no obtuvo ningún diputado.

Así pues, si no lo hace el PP, no lo hace el PSOE y no lo hace Izquierda Unida, lo tendrá que hacer UPyD, y lo va a hacer, presentando una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en el Parlamento de Andalucía, dando así cumplimiento a las propuestas realizadas en el programa electoral y que votaron los casi 130.000 ciudadanos andaluces que se quedaron sin representación parlamentaria. Una ILP, para que se garantice la igualdad de voto de todos los ciudadanos, con la que pretende recoger más de 40.000 firmas a favor de la reforma de la Ley Electoral andaluza y poder introducir esta "necesidad de regeneración democrática" en el debate parlamentario tras el "incumplimiento y falta de compromiso" que, a su juicio, ha demostrado IULV-CA en este periodo de sesiones.

En Asturias, por ejemplo, donde UPyD ha entrado a formar parte del Parlamento regional, con un sólo diputado, ya se han iniciado los trámites para ello porque era "una de las condiciones" para apoyar a uno y otro partido. También en la Comunidad de Madrid la formación magenta va a llevar esta propuesta a la Asamblea.

Una Ley INJUSTA, que cumpliendo los objetivos para los que fue creada, favorecer a los partidos mayoritarios, tras más de tres décadas de democracia, se ha convertido en la fiel aliada de un sistema bipartidista y deja un sentir generalizado en el pueblo español de que el sistema electoral es manifiestamente injusto, donde un partido político puede lograr un único escaño, mientras que otro con menos votos puede obtener seis escaños. Estas transformaciones del voto del ciudadano en escaños tan injustas y desproporcionadas dañan la credibilidad del ciudadano en su sistema electoral y por lo tanto en su sistema democrático, además de uno de los derechos más fundamentales en democracia: el derecho al sufragio igualitario, que consagra nuestra Constitución española en sus artículos 23 y 68, respectivamente.